En menos de una semana, un segundo ministerio del Gobierno de Boric sufre el robo de computadores

Apenas cinco días después de que 23 computadores -que ya fueron recuperados- y una caja de seguridad, que sigue perdida, fueron robados desde el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, la subsecretaría de Patrimonio Cultural, que depende del Ministerio de las Culturas, ha sufrido también la sustracción de dos ordenadores portátiles desde el Palacio Pereira, un edificio situado a escasas cuadras de La Moneda, en el centro de Santiago de Chile.

Según ha informado la subsecretaría de Patrimonio Cultural, que dirige Carolina Pérez Dattari, militante de Revolución Democrática (RD), la tarde del lunes, a las 19:48 horas, “un individuo, saltándose las medidas de seguridad establecidas, ingresó a las oficinas” y sustrajo dos computadores del edificio de calle Huérfanos. La repartición, sin embargo, se enteró solo este mediodía de los hechos cuando los guardias revisaron las cámaras de seguridad. Luego llamó a la policía y realizó una denuncia al Ministerio Público.

El robo en la subsecretaría se suma no solo al ocurrido el pasado miércoles 20 de julio en el ministerio de Desarrollo Social, sino que, además, esta misma cartera, a cargo del ministro Giorgio Jackson, ha informado esta mañana que una persona desconocida ingresó hasta sus dependencias, algo que la repartición calificó en un comunicado como “una nueva irregularidad” pues “no fue identificada ni registrada por la empresa de seguridad y que no contaba con autorización”. Junto con reportar de esta situación, el ministerio informó que terminó el contrato con la firma HM Spa que estaba a cargo de la custodia del edificio ubicado en calle Catedral, también en Santiago centro.

Según Carolina Tohá, ministra del Interior, “lo que sucedió (en Desarrollo Social) es que una persona ingresó al ministerio, aprovechando un descuido aparentemente de la empresa de seguridad que tiene a cargo el resguardo del edificio. Se paseó por el edificio, pero no logró robar nada”.

El robo de la semana pasada al ministerio de Desarrollo Social ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno del presidente de izquierdas, Gabriel Boric, y la oposición chilena, particularmente el partido Unión Demócrata Independiente (UDI), de la derecha tradicional, que ha condicionado el diálogo con el Ejecutivo para a la renuncia de Jackson al Gabinete. Al ministro, muy cercano al mandatario, le achacan que sea fundador y líder de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos que protagoniza el Caso Convenios, el escándalo por el traspaso de millonarios fondos del Estado a fundaciones sin fines de lucro que investiga la Fiscalía. De hecho, Boric, apenas regresó de su gira a Europa, este 24 de julio, calificó como “inaceptables” las presiones. “¿Cómo se les ocurre?”, dijo.

Por el robo de los 23 ordenadores portátiles fueron formalizadas el viernes pasado dos personas, una mujer de 60 años, por receptación de artículos robados, y su nieto, Miguel Ángel Apablaza, apodado el Negro chico, que desde la cárcel de Puente Alto, en la zona sur de Santiago, dirigió la operación que ejecutaron tres hombres vestidos con trajes blancos. En la ejecución del delito, Apablaza, a través de su teléfono móvil – y con el clásico cuento del tío- se hizo pasar por el ministro Jackson ante dos guardias de Desarrollo Social, y así logró la sustracción de los 23 ordenadores además de otros artículos que se encontraban en la propia oficina de Jackson (entre ellos, su propio ordenador).

El pasado 7 de julio, en tanto, también hubo un intento de robo al Ministerio de Bienes Nacionales a las 2:40 de la madrugada, el que se hizo público recién el domingo pasado, cuando ya había estallado el escándalo por el robo de los 23 ordenadores. En esa ocasión, un guardia recibió un llamado telefónico de un hombre que se hizo pasar por el subsecretario Sebastián Vergara, del PPD, partido del oficialismo de la izquierda moderada, y pidió acceso para retirar computadores. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado de la cartera, “siguiendo el protocolo, el guardia no accedió a la solicitud e informó el incidente al jefe de seguridad del ministerio y al supervisor de la empresa de seguridad”.

Este hecho, a diferencia de Culturas y Desarrollo Social, el intento no fue denunciado a la Fiscalía. Según explicó el domingo en una entrevista el ministro de Justicia, Luis Cordero, ello no ocurrió porque no les resultó evidente “que sea constitutivo de delito un llamado de esas características con ese error. Es una suplantación equivocada”.

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