El PP se apresta ahora a boicotear la investidura de Sánchez y la Presidencia del Congreso

El PP no se resigna al resultado de las urnas el 23-J y se apresta ahora a boicotear al máximo que pueda tanto la posible y compleja investidura del socialista Pedro Sánchez, la única políticamente viable con los números proporcionados en las elecciones, y también la formación de la Mesa y la Presidencia del Congreso, algo previsto para el próximo el 17 de agosto. Esa ha sido la conclusión más evidente de las exposiciones públicas y privadas que han hecho los portavoces del PP este miércoles, en el debate y tras la última sesión política de la XIV legislatura en las Cortes. La reunión de la Diputación Permanente estaba prevista, en teoría, para convalidar masivamente un decreto con varias medidas anticrisis, como así ha sucedido, pero también ha servido para despedir con ese ambiente bronco el anterior mandato y advertir de que la nueva legislatura podría resultar aún más enrevesada. El decreto que contiene ayudas y planes para todo tipo de sectores salió adelante con la única abstención de Vox. La formación ultra insinuó que no obstaculizaría una teórica investidura de Alberto Núñez Feijóo si el popular logra el apoyo de “algunos socialistas buenos”. El PP agradeció ese gesto y avanzó que querría negociar el respaldo de los socialistas como segunda fuerza del Parlamento en una conversación de Feijóo y Sánchez la semana que viene, algo que el PSOE descarta totalmente.

El último debate político en el Congreso de esta complicada XIV legislatura fue muy ilustrativo de cómo se ha desarrollado este embrollado mandato y también de por dónde podría transcurrir el siguiente, lo que dure. La sesión debía discutir y votar la convalidación de un decreto de 240 páginas, que deroga una ley y retoca hasta otras 47, con varios paquetes de medidas para ayudar a salir de las crisis provocadas por la guerra en Ucrania, la reconstrucción de la isla de La Palma y varias adaptaciones a legislaciones europeas. La votación prosperó tranquilamente con 53 votos a favor, cero en contra y las 11 abstenciones de Vox.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, encargado de defender la oportunidad y necesidad de las medidas, aprovechó en la sala y luego ante la prensa para destacar que la votación venía a refrendar lo sucedido en casi toda la legislatura pasada y que resumió en que frente a todas las adversidades posibles el primer Gobierno de coalición de esta etapa democrática había impulsado y logrado aprobar más de 215 leyes o iniciativas parlamentarias, sobre todo encaminadas a ayudar a las personas y familias más vulnerables. El decreto aporta otros 3.800 millones de euros a todo tipo de sectores perjudicados por esas crisis y completa así hasta 47.000 millones los invertidos con ese fin. Ese despliegue era difícilmente recurrible y se notó en el debate, que discurrió por otros derroteros.

En realidad, esas elecciones generales del 23-J y sus consecuencias estuvieron planeando durante todo el debate por el Congreso como un aviso de lo que podría deparar la XV legislatura y que se entrenará el 17 de agosto, cuando se constituyan las Cortes. En las formas y en el fondo. Varios portavoces, como Mikel Legarda (PNV), José María Figaredo (Vox) y Jaime de Olano (PP) cuestionaron el abuso durante estos últimos cuatro años del decreto ley para colar en el Congreso todo tipo de propuestas de manera agolpada, sin negociar y sin permitir enmiendas.

Otros representantes, como Inés Arrimadas (Cs) o Pablo Echenique (UP), utilizaron sus intervenciones para concentrar el sentido último de todas sus votaciones y exposiciones en la legislatura. Arrimadas, para denostar las maneras de funcionar en el poder del sanchismo y para aventurar que ahora aún será peor con “el gobierno Frankenstein con peluca” de los socios habituales, pero además con el Junts de Carles Puigdemont. Echenique, en línea con el ministro Bolaños, mostró su orgullo por lo logrado, y citó especialmente todas las reformas sociales y económicas desplegadas para los más desfavorecidos, para ensalzar también en particular la labor tan criticada de las ministras de su formación, Ione Belarra e Irene Montero.

Jaime Olano, del PP, recopiló todas las críticas posibles al decreto “ómnibus” del día como “epítome” de la forma “disparatada” de legislar del sanchismo por decreto y “con desprecio al Parlamento” para abrir rápidamente una diatriba global contra el intento del PSOE ahora, tras el 23-J, de investir de nuevo a Sánchez. Olano señaló, por contra, que le corresponde al PP formar gobierno como partido ganador aunque admitió la impotencia de esa pretensión cuando reconoció que es el PSOE de Sánchez el que dispone en realidad de una “mayoría alternativa explícita”, que cuantificó sin embargo en 18 formaciones añadiendo en esa cifra todos los partidos de las diferentes coaliciones en liza. Más tarde, Cuca Gamarra, abundando en ese mismo argumentario, elevó esos hipotéticos socios de Sánchez hasta la veintena.

Tanto Olano como Gamarra rescataron todos los ataques ya conocidos de la anterior y bronca legislatura contra Sánchez y contra sus posibles aliados en la investidura, al llamar delincuentes a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, sobre el que se cebaron en su condición de prófugo de la Justicia por huir durante el Gobierno de Mariano Rajoy a Bruselas para no ser juzgado por el Tribunal Supremo como los otros líderes del proceso independentista en Cataluña, ya condenados, posteriormente encarcelados y más tarde indultados por el Ejecutivo de Sánchez. Gamarra, en línea con sus exposiciones más radicales y duras de estos años en el Congreso, llegó a apuntar que, en el futuro, tras una investidura de Sánchez gracias a la buscada abstención de Junts, “la capital de España ya no sería Madrid, sino Waterloo”, en alusión al lugar de residencia actual de Puigdemont.

Lo que sí aclaró tras la sesión Gamarra es que Feijóo alargará todo lo que pueda este proceso y presentará su opción de ser investido ante el rey Felipe VI, cuando el monarca inicie posiblemente a finales de agosto su ronda de contactos con los distintos portavoces políticos. La secretaria general del PP insistió en la idea con la que se ha conjurado ahora todo el equipo de Feijóo de que es el PP el que ha ganado las elecciones del 23-J, con 14 diputados de distancia con respecto al PSOE, y por tanto, el único que le debería corresponder por tradición democrática gobernar aunque apenas haya recabado hasta ahora el apoyo parlamentario de UPN para sumar a los 136 populares, muy lejos de la mayoría absoluta, y de superar esa, por ahora, lejana votación de investidura.

Gamarra no admitió más hipótesis de trabajo que la investidura de Feijóo, porque calificó las demás opciones como “descabelladas” o que conducen al “bloqueo institucional”. La dirigente popular hasta se apuntó como un gesto muy positivo una insinuación que hizo antes de la Diputación Permanente el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, sobre que si el PP logra la adhesión para que sea presidente Feijóo de “algunos socialistas buenos” el partido ultra no sería un obstáculo. En realidad, Espinosa lo que hizo fue criticar duramente los intentos ahora de Feijóo de acercarse al PSOE como partidos de Estado y no contempló realmente como posible su investidura. “Hemos dicho que si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto PSOE bueno, que yo no conozco, nosotros no seremos un obstáculo. De ahí a decir que entramos en un gobierno media un abismo”, ha explicado el dirigente de Vox.

PP y Vox, de hecho, siguen igual de enfrentados ya en los preámbulos de esta nueva legislatura en el Congreso que como lo han estado en la reciente campaña. No han iniciado ningún contacto. Ni siquiera sobre la formación de la Mesa del Congreso y el nombramiento de la Presidencia de la Cámara, un cargo fundamental para el arbitraje de los debates en la Cámara baja. Gamarra confirmó que el PP presentará un candidato para ese cargo alternativo al que pretende el PSOE con sus socios y un reparto de los nueve puestos de ese órgano que conceda a la derecha la mayoría. Los socialistas promoverán para esa función con casi total probabilidad de nuevo a la actual presidenta, Meritxell Batet, y negociarán con sus aliados una distribución que entregue cinco de esos sillones a la mayoría progresista y cuatro a la minoría de derechas con la ultraderecha de Vox.

Gamarra avanzó que Feijóo se pondrá en contacto con Sánchez la semana que viene, cuando acabe el recuento oficial del voto CERA de los españoles en el extranjero, para mantener una charla en la que le pedirá su apoyo para que gobierne el PP como partido más votado. El PSOE descarta totalmente esa posibilidad y hasta rebate que el PP haya ganado las elecciones “porque en realidad ha fracasado en un sistema parlamentario donde gobierna el que más apoyos consigue”.

Algunos otros portavoces, de partidos normalmente aliados de la coalición gubernamental, pero también de la oposición de derechas, aprovecharon la última sesión de la legislatura para despedirse, porque se retiran de la política forzados por el mal resultado electoral o porque sus siglas ya ni siquiera concurrieron en estas elecciones. Fue lo que hicieron Inés Arrimadas (Ciudadanos), Pablo Echenique (Unidas Podemos), José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria) o María Josep Picó (Compromís). Otros representantes, como María Fernández, de Coalición Canaria, usaron sus turnos para lamentar que con tanta precipitación de elecciones se hayan quedado en el tintero incompleto del BOE leyes y proyectos que podrían paliar la sequía en las islas o más recursos para la lucha contra los incendios y se preguntó, retóricamente, si había “merecido la pena” en varios sentidos la convocatoria electoral precipitada del 23-J.

Seguir leyendo

Post Relacionados

Suscríbase a nuestros boletines

Únete a nuestra comunidad de lectores informados y mantente al día con las noticias más importantes.