La misión europea advierte limitaciones para que las autoridades electas tomen posesión en Guatemala

Los festejos del progresista Bernardo Arévalo por su triunfo las urnas el pasado domingo en Guatemala han durado poco. Solo dos días después de su arrolladora victoria, se ha reactivado la maquinaria que busca desacreditar el proceso electoral y que pone en riesgo la toma de posesión de los funcionarios electos. Con el 58% de los más de 2,4 millones de sufragios emitidos este 20 de agosto, el candidato del Movimiento Semilla se convirtió en en el próximo presidente de Guatemala.

Este martes, en su informe preliminar sobre la jornada electoral, la misión de observación de la Unión Europea (MOE UE) hizo referencia a los intentos por cancelar al Movimiento Semilla y a las indagatorias en torno a los ciudadanos que llevaron adelante las votaciones antes de la segunda vuelta.

La misión “considera que las interferencias en el proceso electoral amenazaron el derecho y la oportunidad de participar en elecciones auténticas y el respeto a la voluntad de los votantes expresada en las elecciones del 25 de junio”, se lee en el documento publicado. Y advierten de posibles acciones similares desde la fiscalía y el organismo judicial para criminalizar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y suspender la personería jurídica de Semilla que “limitarían el derecho de los votantes a que sus representantes electos puedan tomar posesión de sus cargos”.

El informe recuerda que esas interferencias serían contrarias “a los compromisos internacionales y regionales suscritos por Guatemala”. Sin embargo, elogió el desarrollo de la segunda vuelta que, considera, “sirvió de contraste a un periodo preelectoral caracterizado por los continuos ataques al Estado de Derecho, la criminalización tanto del TSE como de Semilla, y los intentos de anular la libre voluntad de los votantes expresada en la primera vuelta”. También recoge que, pocos días antes de las elecciones, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche, anunció que las acciones judiciales continuarían después del balotaje.

El Ministerio Público pide listas de voluntarios de las juntas electorales

Como la misión de observación europea, las autoridades electorales, las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil han celebrado la participación de los ciudadanos en la segunda vuelta, tanto de quienes fueron a votar como los más de 125.000 voluntarios que integraron las juntas electorales y receptoras de votos, fiscales y todos quienes formaron parte del proceso electoral.

Pero este martes, el Ministerio Público ha pedido al tribunal electoral los listados con los nombres de los ciudadanos que integraron las juntas, revisores, digitadores y sus coordinadores, así como las direcciones a las que pueden enviarles citatorios. La fiscalía también ha solicitado el retiro de la inmunidad del funcionario electoral que se negó a cancelar al partido de Arévalo, aunque por hechos que no guardan relación con el Movimiento Semilla.

De momento, las acciones del Ministerio Público no interfieren con el trabajo interno del Movimiento Semilla que transita desde el equipo de trabajo que ganó las elecciones al que asumirá el Gobierno, explica el diputado reelecto Samuel Pérez. “Es evidente que Curruchiche seguirá en su intento por boicotear el proceso electoral, pero yo creo que va a estar completamente aislado y nuestro equipo legal ha estado listo desde la primera vuelta”, cuando se inició el acoso penal, considera el diputado. “Nunca nos han detenido las acciones legales”, añadió.

Entender el mensaje popular

Las últimas acciones del MP, a cargo de Consuelo Porras y que ejecuta la fiscalía de Curruchiche —ambos designados por Estados Unidos como actores antidemocráticos y corruptos— no alcanzan a integrantes del partido pero sí al proceso electoral. Antes de la segunda vuelta, varios analistas ya advertían de la intención por anular los comicios. Pero ahora hacen énfasis en que la marcada diferencia de 800.000 votos de ventaja que Arévalo le sacó a su contendiente, la ex primera dama Sandra Torres, han cambiado la correlación de fuerzas.

“El resultado de la segunda vuelta fue categórico y claro” y la ciudadanía celebra lo que consideran como “el inicio de una nueva época política en el país”, dice a EL PAÍS el analista Marco Canteo. “Aunque las acciones del Ministerio Público no extrañan, sí sorprende que no hayan comprendido el mensaje de las urnas electorales”, puntualiza.

La oficialización de los resultados de la primera vuelta se retrasó por denuncias de supuestos vicios que obligaron a repetir un escrutinio sin que los resultados tuvieran variaciones significativas. Después, el camino hacia la segunda vuelta estuvo marcado por las pesquisas de la fiscalía a cargo de Curruchiche en torno a la supuesta falsificación de firmas para conformar el Movimiento Semilla. Y Torres, la candidata que perdió ante Arévalo, se apropió del discurso de la fiscalía. Ella por el momento no se ha pronunciado tras conocerse los resultados del domingo. Mientras, su partido, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), asegura que no aceptarán los resultados hasta que no se “esclarezcan” las dudas sobre los comicios.

Las recientes acciones de la fiscalía evidencian que “el sistema penal seguirá interviniendo en un proceso que debería ser eminentemente electoral y por otro lado una ciudadanía que podría activarse en cualquier momento en las plazas y en las sedes de las instituciones judiciales”, apunta el analista Canteo.

Precisamente, “las enérgicas declaraciones y la movilización” de diversos sectores de la población y comunidad internacional “mostraron una notable alineación de fuerzas, garantizaron el respeto al calendario y a los resultados electorales”, de acuerdo con la misión electoral de la UE. Ese es el escenario que le inspira tranquilidad al diputado Samuel Pérez y le permite decir que que Curruchiche se ha quedado solo en sus afanes.

Una factura del pasado

En cuanto al funcionario electoral bajo pesquisa, la Fiscalía contra Delitos Electorales ha solicitado que se le retire la inmunidad a Ramiro Muñoz, el director del Registro General de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral que en julio rechazó cumplir con la orden para cancelar la personería jurídica del Movimiento Semilla.

Sin embargo, la nueva investigación no tiene que ver con ese caso. El señalamiento de la fiscalía contra Muñoz es ahora por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes en relación a supuestas irregularidades en la inscripción de Prosperidad Ciudadana, el partido que postuló al finquero Carlos Pineda para la Presidencia, pero que fue excluido de la contienda. Esta nueva pesquisa acusa a Muñoz de pasar por alto irregularidades a finales de 2022 que salieron a relucir durante la campaña de Pineda.

Muñoz se enfrentó a una situación límite a un mes del balotaje, cuando el juez Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático, le ordenó cancelar la personería del Movimiento Semilla. El registrador se negó a proceder con la orden, al amparo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que prohíbe la cancelación de partidos durante un proceso electoral y acusó que el único que puede cancelar partidos es el Tribunal Supremo Electoral y no un juez penal.

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