Congreso de mayoría oficialista en Venezuela nombra nuevos miembros del Poder Electoral; incluye un presidente que está sancionado por EE.UU.

(CNN Español) — En la antesala a unas elecciones presidenciales aún sin fecha, pero previstas para 2024 de acuerdo con los lapsos que establece la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista dio a conocer y posteriormente juramentó a los cinco nuevos rectores y diez suplentes que conformarán el poder electoral que tendrá la responsabilidad de organizar dichos comicios.

El cronograma electoral prevé además comicios de legisladores para definir una nueva Asamblea Nacional, así como elecciones regionales y municipales en 2025, con más de 3.000 cargos de representación popular a elegir.

Según informó el presidente del Comité de Postulación Electoral del parlamento, Giuseppe Alessandrello, de una lista de 104 ciudadanos elegibles las personas escogidas fueron: Elvis Amoroso, Rosalba Gil, Carlos Quintero, Juan del Pino y Acmé Nogal como los nuevos rectores principales.

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Amoroso fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, criticada por la oposición por considerarla inconstitucional, como contralor de la República desde octubre de 2018.

La Contraloría General de la República es el órgano encargado de sancionar con inhabilitación para ejercer cargos públicos a funcionarios, con sentencia firme, tras haber sido procesados por haber cometido irregularidades.

La misión de observación internacional de la Unión Europea en 2022 advirtió que la falta de seguridad jurídica que a su juicio provocó “la inhabilitación arbitraria de candidatos”.

Amoroso fue diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Aragua en el período 2010-2015 y por la Unidad de Vencedores Electorales entre 2005 y 2010.

En noviembre de 2017, cuando ocupaba el cargo como segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente, Elvis Amoroso estuvo entre los diez altos funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Y las razones fueron que “estos individuos están asociados con socavar el proceso electoral, con la censura de medios o con la corrupción en los programas de administración de alimentos en Venezuela”.

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El Departamento del Tesoro explicó que la decisión llegó después de las elecciones regionales del 15 de octubre, “que estuvieron marcadas por varias irregularidades que sugieren marcadamente que hubo fraude ayudado por el partido gobernante en la inesperada victoria de la mayoría de gobernaciones”.

Jorge Arreaza, entonces ministro para Relaciones Exteriores, rechazó en ese momento la sanción, a la que calificó de “acciones unilaterales” y señaló que formaban parte de una campaña sistemática del gobierno de Donald Trump.

Entretanto, fueron designados como suplentes: Leonel Parica, Gustavo Vizcaino, Francisco Garcés, Antonieta Ramírez, Julio Ramírez, Ana Julia Niño Gamboa, Conrado Pérez, Aura Hernández , Himab Saab y Fabio Zavarce, este último un militar sancionado por Estados Unidos y Reino Unido acusado de violar Derechos humanos. Señalamientos desestimados en su momento por el gobierno venezolano.

Las tareas de renovación de este poder público fueron manejadas bajo la figura de urgencia parlamentaria y tenían como objetivo definir los nombres de las personas que ocuparían los 5 cargos de rectores principales y 10 de suplentes en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las autoridades electorales salientes ocupaban el cargo desde mayo de 2021 y su mandato, según la Constitución venezolana, debía extenderse por siete años, es decir, hasta 2028. El proceso se había iniciado en la Asamblea Nacional tras la renuncia de dos rectores principales y seis rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral, cercanos al oficialismo, ocurrida el 15 de junio y a la cual se sumaron las dimisiones de los rectores vinculados con la oposición, Roberto Picón y Enrique Márquez, que fueron difundidas mediante comunicados en las fechas 19 y 20 de junio, respectivamente. Las dimisiones tuvieron lugar después de que se iniciara el proceso de renovación de las autoridades electorales, incluidos sus cargos.

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