Legislatura incierta

El 23-J confirmó la fragmentación política pero, sobre todo, la necesidad de abordar complejas negociaciones para llegar a una mayoría de investidura tanto para la derecha como para la izquierda. La primera cita relevante del curso está abocada al fracaso. Es el momento de Alberto Núñez Feijóo, quien defendió ante el Rey su candidatura pese a no contar con suficientes apoyos, y a lo largo de esta semana empezará a negociar con algunos partidos que le han negado una y otra vez sus votos. Ese rechazo se explica por los pactos PP-Vox y por el hecho de que esas formaciones consideran que el PP las maltrató durante la campaña: demonizó a esos partidos con la continua apelación a “derogar el sanchismo”, que consistía básicamente en eliminar las leyes promovidas o apoyadas por esos socios de Sánchez, a los que ahora Feijóo se dispone a cortejar.

La presidenta del Congreso ha dado un mes al PP para forjar esos pactos, pero ese parece un regalo envenenado, con Feijóo repitiendo a diario que está “a solo cuatro escaños” de la mayoría. El líder del PP admite que no ha gestionado bien los acuerdos con Vox. Y ahora tiene que explicar por qué el PP puede negociar con Junts y Puigdemont, mientras que si el que negocia es el PSOE ello supone una suerte de chantaje inadmisible. Feijóo avanzó este domingo las líneas maestras de su proyecto, pero si la negociación no fructifica ese discurso parece un conjunto de deberes que el PP se autoimpone para vigilar a Sánchez en la oposición. Además, su aliado principal en cualquier ecuación sigue siendo Vox. Y Vox ha amenazado con ilegalizar a algunos de los partidos con los que pretende negociar el PP. Con Vox como socio, y un PP que ha convertido el nacionalismo periférico en una diana, su candidatura se desdibuja: las próximas semanas se le pueden hacer largas a Feijóo, obligado a demostrar para qué quería ir a la investidura y a resolver sus contradicciones internas y externas.

Y así es probable que se esfume el mes de septiembre, mientras Sánchez aprovecha el foco en Feijóo para negociar con menos presión. Si Feijóo fracasa, se abrirá la vía para que Sánchez intente revalidar el Gobierno de coalición progresista, apoyado en el voto de los nacionalistas. Sánchez necesita poner sobre la mesa dinero (el sistema de financiación para todas las comunidades, y tal vez una condonación parcial de deuda autonómica) y símbolos (las lenguas cooficiales), pero también una buena dosis de audacia si quiere alcanzar los 176 apoyos. Tras asumir reformas controvertidas la pasada legislatura (indultos, derogación de la sedición y reforma de la malversación), Junts y ERC reclaman un referéndum: esa es una línea roja del PSOE. Y una amnistía que se enfrenta a enormes obstáculos, según buena parte de los expertos, aunque tanto Sumar —con un primer informe técnico favorable— como implícitamente el PSOE ven posible deshacer ese nudo. Paradójicamente, Feijóo no deja de clamar contra las eventuales cesiones de Sánchez, pero ha cuidado el tono en ese asunto: su oferta, dice, estará dentro de los límites que marca la Constitución; exactamente lo mismo que dice el PSOE.

Como ya se vio la misma noche del 23-J, la investidura está en manos de los dos partidos independentistas catalanes que provocaron desde la Generalitat la crisis institucional más grave de la democracia en lo que va de siglo. De su responsabilidad depende en parte la estabilidad política del país: corresponde a los independentistas aceptar o no la tozuda realidad. La amenaza de una repetición electoral sigue viva con el perjuicio que supone un largo periodo de Gobierno en funciones con sus capacidades muy limitadas.

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