F de fraude

La conversación pública se llena de mamarrachadas y la política, de marrullerías. Una de estas últimas es un fraude discursivo: la discusión sobre la amnistía a los líderes independentistas a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, que se presenta como una cuestión de interpretación constitucional, cuando en primer lugar es un asunto político y moral. La amnistía a quienes atacaron la democracia en 2017 no solo destruye la igualdad de los ciudadanos: deslegitima la democracia española. Como una matrioska, incluye fraudes menores: así, se argumenta que el resultado de las elecciones indica la preferencia de los españoles por una rebaja de las penas, cuando no estaba en el programa del partido que lidera el bloque (tampoco aparece “federal”, la palabra que se emplea para camuflar el confederalismo y la aplicación asimétrica de la ley; ni se citan el catalán, el euskera y el gallego). Pero la mayor trampa es asumir las tesis del independentismo sobre una supuesta anomalía que la amnistía vendría a corregir.

Otra es un fraude de ley. Junts y ERC, con siete parlamentarios cada uno y menos del 5% del voto nacional y del 15% en las circunscripciones donde se presentaron, no cumplían los requisitos para tener grupo parlamentario, pero lo tendrán gracias al préstamo de diputados del PSOE y de Sumar. Esa adulteración de los resultados implica ventajas políticas (representación en la Mesa de la Diputación Permanente, en la Junta de Portavoces y en comisiones, así como más tiempo y más intervenciones) y económicas (una subvención de unos 30.000 euros mensuales por grupo, más una subvención variable de hasta 1.746 euros por diputado). El caso es particularmente obsceno, pero la práctica no es nueva, como documenta Demócrata. El profesor de Derecho Constitucional Carlos Fernández Esquer ha escrito: “Una legislatura más, la Mesa del Congreso consuma un fraude de ley y se comporta como un órgano que obedece a intereses partidistas […], en lugar de ser el órgano rector de la Cámara que aplica el reglamento con neutralidad”. Según él, “la Mesa no se comportaría así si el Tribunal Constitucional, con su nefasta jurisprudencia, no hubiese avalado la constitucionalidad de prácticas fraudulentas como el préstamo de parlamentarios o las interpretaciones creativas del cumplimiento de requisitos para formar grupo”. La costumbre no excusa un procedimiento que degrada las instituciones y supone una verdadera estafa democrática.

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