Democracia y bien común: ¿qué dice Chile?

En una especie de cuenta regresiva, nos acercamos al 11 de septiembre y aun no se logra concretar un compromiso amplio, de todas las fuerzas políticas, por el cuidado y defensa de la democracia, a propósito de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Menos probable aún una condena transversal de lo ocurrido en 1973.

De acuerdo a los hechos de la esfera pública, todo indica que la democracia, como valor compartido, no tiene aún su lugar asegurado en el bien común del Chile de hoy. No por lo menos a partir de la voluntad y convicción de todas las representaciones políticas partidarias.

¿Qué sucede si, en cambio, se exploran los imaginarios ciudadanos de la democracia, tal como se lo propuso la encuesta Chile dice 2023 de la Universidad Alberto HurtadoCriteria?

Los resultados son concluyentes respecto de la existencia de un cierto ideal democrático o de una representación de la democracia, como algo deseable y sustentado en tres aspectos esenciales: participación en las decisiones, respeto a las normas básicas e igualdad de derechos. Un 90% de los encuestados así lo declara. Un no despreciable 70% asocia la democracia a que los ingresos de las personas sean más equitativos. La sociedad chilena mantiene dentro de sus expectativas vivir en una sociedad democrática y más justa (justicia ante las normas o justicia social). Tendencias, estas, levemente más sustentadas en personas que se declaran de centro o de izquierda, que en las de derecha.

Estas cifras disminuyen, cuando la valoración ya no es en abstracto sino referida al sistema democrático en sus formas políticas concretas, por ejemplo, cuando se consulta si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno: 64%. O si sería absolutamente importante vivir en una sociedad democrática: 62%.

Todo lo anterior se ve reflejado en un índice de compromiso con la democracia política, que, según la encuesta, en una escala de 0 a 10, sitúa a la población chilena en un promedio de 7,8. Aunque, nuevamente, los puntos más altos -sobre 8- los encontramos en las posiciones de centro y de izquierda, y los más bajos -6,6- en quienes se declaran de derecha, acompañados esta vez del sector socio económico D, con un 7,4.

Sin embargo, las cifras se vuelven menos concluyentes al momento de evaluar la democracia en que vivimos y al sondear hasta dónde estamos dispuestos a respetarla. En efecto, por una parte, un 52% se declara poco o nada orgulloso del sistema político chileno, respaldado por un 61% que estima que los derechos humanos se respetan no mucho o nada en el país. Nuevamente representado a grupos de derecha y socioeconómicamente bajos. Y en cuanto a cuáles serían las disposiciones frente a una democracia poco efectiva o amenazada, un 60% se muestra dispuesto a justificar un gobierno autoritario no democrático, en caso de corrupción, incumplimiento de las leyes o mucha delincuencia, porcentaje que sube a 80%, en las personas que se declaran de derecha.

Si se mira, en cambio, la democracia a nivel de la vida cotidiana, se observan menos ambigüedades o contradicciones; chilenos y chilenas encuestados reconocen y valoran prácticas democráticas con mucha claridad en el seno de las familias, en la comunidad y en sistema educacional y en los barrios (entre 75% y 87%), como también, aunque con menor fuerza, en el territorio y el trabajo (empresas).

Por último, cabe destacar la desconfianza que un alto porcentaje muestra frente a los políticos, los canales de televisión y los empresarios: 84%, 65% y 64% creen que ellos mienten en sus comunicaciones, respectivamente.

A la luz de estos resultados, la contracara de la dificultad de las representaciones políticas para llegar a expresar un compromiso claro, público, transversal, con la democracia, sería una ciudadanía que, si bien no duda en declarar sus convicciones democráticas, no confía en que sus expectativas estén siendo o vayan a ser cumplidas o que, en ciertas condiciones, la podría hipotecar.

Nos encontramos, así, si no en el peor de los mundos, en uno no muy bueno: la ciudadanía quisiera creer en la democracia, pero aquellos que tienen una mayor responsabilidad, justamente en un sistema democrático, sus representantes, no aparecen dispuestos a garantizarles que la promoverán y defenderán. ¿Bastaría que los partidos políticos firmaran un compromiso en ese sentido, para que la percepción de la ciudadanía respecto de la democracia real cambiara y se abandonarán las ilusiones autoritarias? No, por cierto. Pero, si no suficiente, parece, al menos, ser condición totalmente necesaria, mínima, para que la democracia sea considerada parte del bien común.

¿Habrá algún elemento que ayude a comprender la aproximación del mundo político y de la ciudadanía al tema de la democracia? Tal vez la más importante, pueda ser la desconfianza que se ha instalado en el país desde hace ya varios años. En este caso afectando a los actores políticos entre sí y a la ciudadanía respecto de los actores políticos.

Pero existe talvez una expresión más profunda de la desconfianza, que tiene que ver con la asociación entre democracia y justicia. Hoy expresada a propósito de los temas de seguridad (delincuencia, crimen organizado) u otro tipo de amenazas (corrupción, migración), ante las cuales se espera que la justicia legal, la del respeto a las normas, actúe con dureza y eficacia. Si no…, la democracia tiende ser puesta en duda. Eso es claro hoy. Sin embargo, hasta no hace poco, 2019 concretamente, la justicia que se reclamaba era la justicia social, que sigue formando parte del imaginario democrático, aunque hoy un tanto relegada por una demanda de justicia que garantice otro tipo de seguridades mínimas.

En noviembre de 2019, el día 15, se logró aquello que hoy no está asegurado: un compromiso por la paz y la nueva constitución, que acordaba, textualmente, “una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”. De allí que se hablara, concretamente, de un acuerdo constitucional y de un nuevo pacto social. Con el proceso constitucional ya sabemos lo que ha pasado. Respecto del pacto social, la verdad es que nunca hubo voluntad o disposición a encararlo, olvidando que el origen del estallido había sido la demanda social.

La historia reciente, entonces, no acompaña mucho el desafío de -a 50 años del golpe de Estado- poner a la democracia en el centro del bien común de Chile.

El actual compromiso con la democracia, que se está buscando y que ojalá se logre, no podría, sin embargo, repetir el mismo error del anterior: restringir el alcance de la democracia a principios políticos sin considerar los imperativos de justicia -legal y social- que espera la ciudadanía. El bien común requiere de ambos: normas comunes que sean respetadas por todos y beneficios comunes que sean distribuidos equitativamente. Puede que allí esté el inicio del camino hacia la confianza mutua.

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