La Fiscalía de Madrid ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción 21 de Madrid con el que se opone a la solicitud de la defensa de Daniel Sancho de solicitar a las autoridades de Tailandia la extradición del cocinero para que pueda ser juzgado en España por otro caso en el que está acusado de un delito de lesiones y cuya vista aún no tiene fecha. Sancho está en prisión preventiva en el país asiático desde el 7 de agosto tras confesar ser el autor de la muerte y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Por estos hechos puede enfrentarse a una petición de pena de muerte.
En su escrito, la Fiscalía argumenta que existen otras medias diferentes a la extradición para que el hijo del actor Rodolfo Sancho sea juzgado en España sin necesidad de que las autoridades de Bangkok lo extraditen, como su asistencia al juicio por videoconferencia o una entrega temporal para asistir a la vista, tras la que retornaría a Tailandia donde aún debe ser juzgado por el crimen. El ministerio público destaca, además, que no concurren ninguna de las circunstancias contempladas en la ley para solicitar la extradición, ya que no se había fugado a un país extranjero ―”no consta que su estancia en Tailandia obedezca a una voluntad de sustraerse de la acción de la justicia”― y, de hecho, el juicio por el delito de lesiones aún no tiene fecha fijada.
Los hechos por los que está encausado Daniel Sancho en España se produjeron a las 4.00 de la madrugada del 9 de noviembre de 2019 en las proximidades de la calle José Abascal, de Madrid, en una cola para coger un taxi. Según el relato que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, el cocinero se introdujo en uno de estos vehículos sin respetar la cola formada por otros usuarios, lo que fue recriminado por J. Ch. . “El acusado, con ánimo de herir, procedió a darle un puñetazo en la cabeza ocasionándole lesiones que tardaron en curar 12 días […] habiendo precisado la sutura de la herida mediante la colocación de cinco puntos y habiéndole quedado como secuela, un perjuicio estético debido a la rotura del diente incisivo superior derecho”. La Fiscalía pide por ello para él un año de cárcel como auto de un delito de lesiones y así como el pago de una indemnización a la víctima de 2.100 euros, además del abono de los gastos odontológicos ocasionados.
