Tiempo de normalidad institucional

Como candidato a la presidencia del Gobierno propuesto por el Rey y convocado por la presidenta del Congreso, esta próxima semana Alberto Núñez Feijóo hará sonar el silbato para que comience el trámite parlamentario dirigido a la obtención de la confianza de la Cámara. De acuerdo a una perfecta normalidad democrática y constitucional, el proceso servirá también para poner en marcha el reloj electoral en caso de que la investidura resultara fallida. A partir de entonces se inicia el plazo de dos meses en los que el Rey, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, puede realizar una nueva ronda de consultas a los partidos políticos, y proponer a otro candidato en la eventual situación de que este quisiera intentar ser investido presidente, como es el caso del líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez.

La Constitución de 1978 marca las pautas y los tiempos con arreglo a los cuales debe racionalizarse este importante momento político: si durante este tiempo no se inviste a un presidente del Gobierno, habrán de disolverse las Cortes y convocarse nuevas elecciones. La racionalidad de este proceso constitucional se concreta en el hecho de que no favorece a ningún candidato, más bien lo que busca es propiciar el consenso entre las distintas fuerzas políticas para que estas apoyen la investidura de un presidente. Hasta ahora, todos los mecanismos institucionales recogidos en la Constitución han funcionado para culminar ese proceso de legitimación democrática de elección del presidente propio de un sistema parlamentario. Esta racionalidad y normalidad institucional contrastan con el clima de histeria que algunas personalidades políticas —en activo y retiradas— parecen querer promover sobre la base de negociaciones de las que, como es lógico, aún no se conocen los resultados y que tendrían que ver con una eventual amnistía exigida por Puigdemont para hacer a Sánchez presidente. La responsabilidad consiste en rebajar la tensiones, no en gesticular con el apocalipsis democrático, y en dejar trabajar a los políticos para que intenten alcanzar acuerdos que afronten los problemas que hoy tiene España. No hay ninguna razón para que el Partido Socialista no siga avanzando en su propuesta negociadora para concitar los apoyos parlamentarios que Feijóo, después de un mes, parece haber sido incapaz de conseguir. Y sería deseable que el candidato popular evitara la tentación de convertir su investidura también en una suerte de moción de censura preventiva a la propuesta negociadora de Sánchez mientras a la vez reclama precisamente respeto al Estado de derecho y a la sesión de investidura.

El deterioro democrático sucede cuando no se respetan los procedimientos institucionales y el sentido para el que están pensados. Como candidato propuesto por el Monarca para someterse a un proceso de investidura, es esperable que Feijóo presente ante la Cámara el próximo martes un programa de gobierno para los próximos cuatro años con el objetivo de ganarse el suficiente apoyo de los grupos parlamentarios para ser investido presidente, incluso el de las fuerzas que hasta ahora le han manifestado su rechazo. La política se hace en el Parlamento, por eso también sería esperable que fuera ahí, y no en la calle, donde hiciera una valoración sobre la situación política en Cataluña y anunciara sus planes para abordarla. La calidad de la vida democrática exige que se respete el tiempo institucional —pensado para justificar una acción desde el lenguaje gubernamental— y se evite mezclarlo con el lenguaje político propio del tiempo electoral. Los ciudadanos no merecen espectáculos sino responsabilidad y propuestas concretas para enfrentar todos los desafíos de nuestro tiempo, también el territorial.

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