El marco de la amnistía

Las noticias que nos llegan estos días de Palestina, con los terribles ataques de Hamás contra civiles y la respuesta del Gobierno israelí sobre Gaza que atenta contra los derechos humanos, están acaparando, con toda la razón, el grueso de la atención de la opinión pública, en España y en el mundo.

Quizás por ello, en los diarios y en las redes haya bajado, al menos aparentemente, la atención en torno a la negociación entre Pedro Sánchez —encargado ya por el Rey de formar gobierno—, y los grupos parlamentarios para la formación de un nuevo Gabinete de coalición progresista que puede y debe contar con el apoyo no solo de Sumar —que se integraría en el equipo de gobierno—, sino también de los grupos nacionalistas e independentistas, tanto vascos como catalanes.

Como es sabido, el grupo más difícil de convencer —y al cual la endiablada aritmética surgida del 23 de julio ha dado un poder inesperado y decisivo en cuanto a la posibilidad de echar a andar a legislatura y evitar nuevas elecciones—, es Junts. Y el punto en torno al que parece que se están desarrollando las negociaciones es la posibilidad de un mecanismo que supere las consecuencias penales de la judicialización de las actuaciones que llevaron a los hechos de octubre de 2017, y que —a falta de saber si se llamará de esa manera o no, y de sus contenidos—, se ha conceptualizado con el nombre tan cargado de referencias de amnistía.

A pesar de la espeluznante campaña en contra que están llevando a cabo la derecha y la extrema derecha, en el fondo no dejaría de ser una medida que recoge una realidad política ya operante, en Cataluña y también —si se atiende a los resultados de las encuestas de opinión—, en buena parte, en el conjunto de España: el procés se ha acabado, al menos como lo hemos conocido hasta ahora. Y, precisamente, una medida de esas características vendría a sancionar la posibilidad de dejar atrás esa fase crítica y posibilitar una agenda política de los partidos independentistas protagonistas fuera de las coordenadas que han caracterizado la política catalana en la última década.

Más allá de los mecanismos de técnica jurídica que se empleen y de su solvencia constitucional, la parte más difícil de la negociación parece residir en cuál es el marco narrativo en el que se inscribe ese cambio de fase. Para los socialistas —y también para Sumar—, afianzar el retorno a la normalidad institucional y a la mejora de la convivencia en Cataluña y también en el conjunto de España, más allá de lo que la derecha quiera o pueda incendiar, representa un avance que es posible explicar y defender. Para los partidos independentistas, y especialmente para Junts, hilar un relato coherente es claramente más difícil, y quizá sea eso —y no tanto la letra pequeña de un acuerdo en torno a la amnistía— lo que motiva los aspavientos, las declaraciones altisonantes, los mensajes sibilinos, las liturgias y las oscilaciones de estas semanas.

Nunca hay que olvidar que el objetivo político último de los herederos del nacionalismo pujolista transitado a la retórica independentista es poder volver en un tiempo razonable a gobernar la Generalitat, ocupando la presidencia. Para hacer eso, tienen que afinar una narrativa de lo ocurrido y de lo que va a ocurrir muy compleja, porque tienen que poder hablar y convencer a un electorado muy diverso, que va desde los “revolucionarios del 1 de Octubre” y de segmentos significativos de los poderes fuertes deseosos de políticas conservadoras hasta, finalmente, a aquellas clases medias radicalizadas —especialmente en territorios no metropolitanos—, que están siendo seducidos por propuestas de extrema derecha como la de la alcaldesa de Ripoll. Fíjense en que, en su comparecencia de principios de septiembre, además de los temas relacionados con la amnistía, Carles Puigdemont coló una extemporánea referencia al control de la inmigración. Lo que tienen en común todos estos segmentos del electorado ahora identificados con el independentismo, y que viven —como se demostró precisamente con los resultados de las elecciones de julio— una frustración y una desmovilización considerable, es su nacionalismo, de más o menos intensidad esencialista. En este sentido, el objetivo de Junts —y para el cual realizará cualquier tipo de contorsión argumental— será primero el de fijar narrativamente cuáles son “los intereses de Cataluña” en el posprocés, y después el de erigirse como el representante más solvente y poderoso de los mismos, como en su día lo supo hacer mejor que nadie el nacionalismo pujolista. La tarea no es fácil: tienen poco tiempo para reorientar discurso y objetivos sin perder a ningún sector por el camino.

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