El PSOE acuerda con Junts y ERC leves retoques en la ley de amnistía e ignora el informe de los letrados

La ponencia de la comisión de Justicia del Congreso, que ha abordado este jueves las enmiendas a la proposición de ley de amnistía al procés, ha aprobado las ocho modificaciones, leves y de carácter técnico, que el PSOE había pactado previamente con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG. Esas mismas correcciones serán debatidas el martes 23, ya en la comisión de Justicia al completo, antes de que se incorporen al texto para su aprobación definitiva por el pleno del Congreso el 30 de enero. ERC y Junts han apoyado las enmiendas socialistas, pese a algunas discrepancias, para que no fuesen boicoteadas por la oposición del PP y Vox. Entre esos retoques no figura ningún cambio en el capítulo de terrorismo: es decir, la ley seguirá perdonando los delitos de terrorismo, excepto aquellos que estén condenados “con sentencia firme”. En la práctica, eso permitirá amnistiar a Carles Puigdemont, Marta Rovira y varios miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), que están investigados en sendas causas por supuestos delitos de terrorismo, pero en una fase muy inicial del procedimiento y, por tanto, muy lejos de tener sentencia firme.

La ponencia ha durado menos de una hora. Durante la misma se ha estudiado en primer lugar el informe de los tres letrados de esa comisión, conocido el día anterior, en el que estos expresan “dudas” sobre la constitucionalidad de la proposición de ley. Entre otras cuestiones, el informe alerta sobre la distinción que se hace entre delitos de terrorismo con sentencia firme o sin ella, y afirma que podría vulnerar el derecho europeo. Los informes de asesoría de los servicios jurídicos del Congreso son orientativos, para corregir posibles defectos jurídicos de las iniciativas legales, pero la decisión la toman los representantes políticos. El PSOE y sus socios no han aceptado ninguna de las observaciones del informe, salvo las de carácter formal u ortográfico.

Junts y ERC habían registrado una enmienda que pedía eliminar íntegramente el párrafo referido a los delitos de terrorismo y establecer así que todos ellos fueran amnistiables, incluidos los condenados con sentencia firme. Esas enmiendas han sido rechazadas de entrada, aunque se mantienen formalmente “vivas”, en el lenguaje parlamentario, a la espera de ver si hay alguna posibilidad de negociar alguno de sus aspectos antes de la comisión de Justicia del martes 23 o incluso en el pleno del Congreso del martes 30. La idea del Gobierno y del PSOE es acelerar al máximo este proceso para que se envíe ya el proyecto final al Senado. El PP, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara, ya ha avisado de que intentará frenar y retener allí la ley al menos durante dos meses.

El informe de los letrados

Durante la sesión de este jueves en la comisión de Justicia, el portavoz de Vox ha apelado al informe crítico de los letrados —un equipo de tres expertos cuya titular es la letrada Piedad García-Escudero— y ha denunciado que su contenido no se conociera hasta el miércoles, víspera de la reunión, sugiriendo que había sido retenido por la presidencia de la Cámara. Esa denuncia la hizo ya el miércoles el PP, que pidió explicaciones a la Presidencia, y la ha repetido este jueves su líder, Alberto Núñez Feijóo. Pero ha sido la propia letrada, según fuentes parlamentarias, quien ha querido intervenir en la reunión para aclarar la cuestión. Piedad García-Escudero, letrada de las Cortes desde 1981 y hermana del expresidente del Senado del PP Pío García-Escudero, ha zanjado ese debate explicando que nadie había retenido nada y que su informe se había proporcionado a todos los ponentes de la comisión en el momento en que la reunión fue convocada, como se hace siempre.

Las ocho enmiendas que han prosperado han sido las que el PSOE había negociado y cerrado en los últimos días con algunos de sus socios habituales y en especial con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG. Esos textos habían sido pactados también con Junts, con la idea de tramitarlos todos conjuntamente, pero al final el partido de Carles Puigdemont se descolgó de ese acuerdo.

En una de las ocho enmiendas, la número 43 y que revisa el artículo 4 de la ley, se especifica que serán “los órganos judiciales que, en cada momento, esté conociendo de la causa” los que aplicarán el levantamiento de las medidas cautelares y de las órdenes de detención de los amnistiados, y los que ordenarán “la inmediata puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se hallaran en prisión”. En la redacción original de la ley se decía eso mismo, pero afirmando que el levantamiento de las medidas cautelares lo dictaría “el órgano judicial competente”, sin especificar que este es el que esté llevando la causa en cada momento. Además, la enmienda precisa que serán puestos en libertad los amnistiados que se encontraran en prisión “ya sea por haberse decretado su prisión provisional o en cumplimiento de condena”. En la votación de esta enmienda, ERC, que sí había votado a favor de las demás, se ha abstenido.

Tanto la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, como la representante de ERC, Pilar Valluguera, han restado trascendencia a que sus enmiendas particulares hubieran sido rechazadas y han abogado por seguir negociando para encontrar algún punto de encuentro con el PSOE y los demás aliados en los próximos días. Nogueras insistió en que no se pueden considerar delitos de terrorismo algunas de las actuaciones que se vivieron en aquellos días de 2017 relacionados con el proceso independentista catalán, pero ambas dirigentes admitieron que las enmiendas ya aprobadas son “impolutas” jurídicamente para no enfrentarse a ningún inconveniente ante futuros recursos judiciales.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, presente en la ponencia, ha lamentado que la proposición de ley de amnistía siga su tramitación a pesar del informe de los letrados, y ha advertido de su posible inconstitucionalidad: “Lo único que se podía hacer con esta ley, tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión, es parar aquí este auténtico disparate, parar aquí esta indignidad que supone que los españoles estemos viendo cómo se entrega impunidad y cómo se genera una casta política en nuestro país a cambio de un puñado de votos que mantengan a Pedro Sánchez en el poder, ni más ni menos”, ha afirmado. Gamarra ha denunciado que los socialistas miren hacia otro lado: “Al PSOE no se le pone nada por delante cuando se trata de pagar el precio a sus socios para mantenerse en el poder”.

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