El presidente Arévalo convoca a la fiscal general de Guatemala a rendir informe sobre temas “de preocupación”

(CNN Español) –– El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este viernes que convocó a la fiscal general, Consuelo Porras, a una reunión para rendir un informe sobre temas que calificó como “de preocupación”.

“La espero el próximo miércoles 24 de enero a las 10:00 a.m. en mi despacho presidencial para que me presente un informe sobre cuatro puntos que son de preocupación para esta Presidencia: derechos humanos, libertad de expresión, proceso de compras de vacunas contra el covid-19 y protocolos de actuación del Ministerio Público de Guatemala”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, donde hizo pública la convocatoria con un comunicado.

El gobierno detalló en ese comunicado que, entre los temas que el presidente requiere que la fiscal informe, están el progreso de procesos penales investigados por el Ministerio Público en cumplimiento de órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el protocolo de actuación ante medidas cautelares del mismo tribunal.

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“Hemos solicitado información respecto a aquellos casos que está conociendo el Ministerio Público derivado de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la cual se ha sancionado al Estado de Guatemala por incumplimiento con temas relacionados a derechos humanos”, dijo el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Juan Guerrero Garnica, en un video difundido por la presidencia.

CNN solicitó más información sobre a qué casos se refiere a la presidencia de Guatemala, que contestó que por el momento es la información con la que cuentan.

CNN también solicitó una reacción al Ministerio Público sobre la convocatoria, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Sin embargo, al responder una consulta similar del medio local Soy502, la Fiscalía General confirmó haber recibido la invitación en un oficio de la Presidencia, incluyendo el requerimiento de información respecto de diversos temas.

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La Fiscalía señaló que estaba analizando la comunicación para “dar la respuesta oportuna que en derecho corresponda” y que eso comprendía también si la fiscal Porras asistirá o no a la convocatoria de Arévalo.

El artículo 134 de la Constitución guatemalteca –que establece las obligaciones mínimas de los municipios y de toda entidad descentralizada y autónoma–– habilita al presidente a “coordinar las labores de la institución que dirige con la política general del Estado”.

Otros temas “de preocupación”

El comunicado del gobierno agrega que también buscan conocer sobre la política de persecución penal en casos de libertad de expresión.

Guerrero Garnica dijo al respecto que han observado “actos de persecución a periodistas”.

También pretenden preguntar a la fiscal sobre un caso de supuesta corrupción en la compra de vacunas contra el covid-19.

“Nos ha extrañado mucho por qué el Ministerio Público tiene desde 2020 conocimiento y abierta una causa penal por el tema de la compra de vacunas respecto al covid-19 y, a pesar de ello, parece ser que el caso se estancó. Queremos ver cuál es la razón por la cual el Ministerio Público ha ralentizado este caso, si es porque lo han realizado de forma maliciosa o es por alguna otra razón”, abundó Guerrero Garnica.

“Con la información proporcionada se girarán instrucciones a los funcionarios del Organismo Ejecutivo que colaboran con el sector seguridad y justicia”, advirtió el gobierno en su comunicado.

Arévalo sostiene una difícil relación con el Ministerio Público, luego de que la institución ha presentado dos solicitudes para retirarle la inmunidad. La primera, por su presunta responsabilidad en promover la toma y posteriores protestas en la Universidad San Carlos; la segunda, por las posibles irregularidades en la formación del partido Movimiento Semilla. Arévalo ha rechazado ambos señalamientos y acusado a las autoridades de promover un golpe de Estado. Las acciones del Ministerio Público provocaron reacciones de rechazo por parte de diversos actores, incluso internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto emitió medidas cautelares para garantizar los derechos del entonces presidente electo.

Con información de Merlín Delcid

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