La Corte colombiana avala la destitución de la exsenadora Piedad Córdoba

La Corte Constitucional de Colombia avaló el fallo que hace tres años destituyó e inhabilitó por 18 años a la exsenadora liberal, Piedad Córdoba (1955), lo que representa, en la práctica, su muerte política. En 2010, la Procuraduría General la acusó de extralimitarse en sus funciones cuando, en 2007, fue autorizada por el expresidente Álvaro Uribe para fungir como mediadora en la liberación de varios policías, políticos y militares secuestrados de las FARC.

En su defensa, la militante del Partido Liberal interpuso una acción de tutela —un recurso en la ley colombiana para amparar derechos fundamentales– ante la justicia, buscando que se anulara la sanción que no le permite ejercer cargos públicos, algo que la Corte finalmente negó.

La votación final fue de 7 a 2 en contra de Córdoba, cuya defensa argumentó, según lo dieron a conocer los medios colombianos, que la Procuraduría la sancionó sobre pruebas legalmente inexistentes y en un proceso en el que consideraba que le violaron sus derechos fundamentales como la honra, la vida, el debido proceso, el buen nombre y la presunción de inocencia. Para la Corte, a Córdoba no se le violó el debido proceso, por lo que dejó en firme la sanción del Ministerio Público.

Las principales pruebas de la Procuraduría salieron del ordenador del jefe guerrillero Raúl Reyes, quien fue muerto por el ejército colombiano en marzo de 2008 en un bombardeo a su campamento en Ecuador, lo que generó una crisis diplomática con el gobierno de Rafael Correa. Para el procurador general Alejandro Ordóñez, los correos electrónicos firmados por Teodora de Bolívar, corresponden a Piedad Córdoba.

La votación final fue de 7 a 2 en contra de Córdoba

Según Ordoñez, la exsenadora asesoró a las FARC en el manejo de pruebas de supervivencia de los secuestrados, dio información diferente a las liberaciones y sobre posibles donaciones de gobiernos extranjeros, y las instó a que fueran hostiles con miembros de algunos partidos políticos al tiempo que acordaba estrechar sus relaciones con miras a apoyar un nuevo gobierno.

Córdoba ha negado estos señalamientos afirmando que sus acercamientos con las FARC se dieron como facilitadora de la liberación de secuestrados. Además, se apoya en una decisión de la Corte Suprema que determinó que las pruebas del ordenador de Reyes son penalmente inválidas, ya que no se respetó la cadena de custodia. En su momento, este hecho generó una polémica por el manejo que se le dio a los ordenadores, ya que la Policía judicial de Ecuador no participó en el procedimiento.

La abogada de la exsenadora, María Ximena Castilla, ha anunciado que tras la decisión de la Corte Constitucional, llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Creo en el derecho, en el corazón y la razón, por eso iré a Sistemas de Protección de Derechos Humanos”, trinó Córdoba en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 442.000 seguidores. Allí también escribió: “Respeto fallo de @CConstitucional mas no lo comparto. El país no puede estar bajo el control de la Procuraduría, sea quien sea el procurador”. Y añadió que no está “muerta políticamente”.

Córdoba estuvo en el Senado desde 1996 y fue reelegida por cuatro períodos más. La sanción de la Procuraduría llegó cuando comenzaba su quinto periodo. Su apoyo a una salida negociada al conflicto colombiano como la que hoy lidera el presidente Juan Manuel Santos es reconocido en el país. Pero la tarea que le ha generado amores y odios en la opinión pública ha sido el de facilitadora de numerosas liberaciones de secuestrados de las FARC, que ha realizado desde la ONG Colombianas y Colombianos por la Paz, que lidera. También es la líder más visible del movimiento de izquierdas Marcha Patriótica, que ha sido señalado, entre otros, por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de ser financiado por las FARC, algo que ha sido negado por el movimiento una y otra vez.

Hace poco, las FARC le pidieron al gobierno que aprobara una comisión humanitaria encabezada por la exsenadora para liberar al ex marine estadounidense Kevin Scott, quien está secuestrado desde el 20 de junio. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos se opuso y argumentó que no permitirá un show mediático. Córdoba prefirió apartarse y dijo que no quería convertirse en un obstáculo.

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