La transferencia de culpas del PP

Hay que oír, e incluso ver, con qué fruición y con qué despectivo énfasis se deleitan los dirigentes del PP cuando se refieren como delincuentes a los políticos catalanes condenados por la revuelta de octubre de 2017. Delincuentes, una y otra vez. A menudo, el insulto se adorna con la imagen de la huida a Francia en el maletero de un coche, para asimilar la escena a una persecución de gánsteres por la policía.

La condena judicial del grueso de la cúpula independentista de 2017 es del año 2019, pero la querencia del PP por asimilarles a la delincuencia común viene de antes. Fue en realidad la primera respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy cuando, a partir de 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, de CiU, asumió el programa de los independentistas de ERC y la CUP.

La semana pasada se revelaron nuevos y contundentes detalles ratificando que fue entonces, cinco años antes de la revuelta de 2017, cuando Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lanzaron una campaña de guerra sucia contra los dirigentes de Convergència atribuyéndoles delitos comunes como fuga de capitales y evasión fiscal, mediante la fabricación y difusión de documentos falsos por un grupo de funcionarios, conocido como policía patriótica. Los objetivos fueron en aquel momento Jordi Pujol, Artur Mas y Xavier Trias. Se trataba de desacreditarles, de hundirles en el barro de los delitos económicos y así echarlos de la escena política y descabezar de un tajo el movimiento independentista.

Esta fue la primera andanada del PP con este método. La segunda se produjo con la modificación de leyes vigentes para convertir en delito actuaciones anunciadas por los dirigentes independentistas. Por ejemplo, la desobediencia al Tribunal Constitucional. Exasperados ante la ausencia total de expectativas de negociación, los soberanistas se habían lanzado a desbordar los límites legales de las funciones de un parlamento autónomo.

Así se fue creando la confusión en que se ha basado el PP para descalificar la protesta política por el recorte del Estatut como la execrable actuación de unos delincuentes. Lo que al mismo tiempo sucedía, sin embargo, era que el recurso a los manejos fraudulentos de la policía patriótica convertía al Ministerio del Interior y al Gobierno en protagonistas de una flagrante vulneración y desborde de la legalidad. Lo mismo que atribuían a sus adversarios.

Para colmo de confusión, todo ello sucedía en un contexto en el que numerosos cargos públicos del PP y la propia dirección del partido conservador eran investigados, juzgados y comenzaban a ser condenados por numerosos delitos de corrupción económica. Exministros, expresidentes de comunidades autónomas, exalcaldes, exdiputados y altos cargos del partido iban a parar a la cárcel hasta provocar en 2018 la caída de Rajoy y su Gobierno.

La operación de tratar a los independentistas como meros delincuentes se convirtió así para el PP en una transferencia de culpa en la que sus dirigentes no cesan de porfiar. Librarse de sus culpas cargándoselas a sus adversarios. De ahí viene también la intensidad con la que rechazan la amnistía que se tramita en el parlamento. Se trata de negar una vez más el carácter político del conflicto catalán. No fuera que alguien fuera a creer que los delincuentes son solo los de los casos Gürtel, Kitchen, Taula, Palma Arena… Y los que quedan por juzgar.

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