El proceso de redacción de una nueva Constitución en Chile entra en su fase final. El pleno del Consejo Constitucional ya vota las enmiendas al texto redactado por una comisión de notables y en diciembre el articulado definitivo será sometido a un plebiscito vinculante. Los sondeos anticipan un rechazo. Si no hay un cambio rotundo, Chile sumará dos fracasos consecutivos de reforma constitucional en poco más de dos años. El primero chocó con la negativa del 62% de los votantes en septiembre de 2022. Los chilenos consideraron que el texto no alcanzaba el consenso que necesita la ley que organiza un país bajo valores comunes. Este segundo intento va por el mismo camino. Si aquel proceso estuvo dominado por las ideas que impuso una mayoría de extrema izquierda, el actual lo está por aquellas impulsadas por la extrema derecha.
En mayo de 2023, Chile eligió 51 consejeros constitucionales. El resultado fue el opuesto al de la elección del primer consejo, el fallido. Los ultras del Partido Republicano alcanzaron el 35% de los votos y se hicieron con la hegemonía, imponiendo un proyecto que pone en peligro derechos fundamentales como el aborto o la educación y la salud públicas, tres de los grandes reclamos de los jóvenes que en 2019 salieron a la calle y precipitaron el proceso constituyente en marcha.
Si el texto constitucional no vira finalmente hacia posiciones de consenso, todo el proceso estará en peligro. La expresidenta socialista Michelle Bachelet ya advirtió de que si la nueva Constitución pone en peligro los derechos de las mujeres, no la apoyará. Es solo un ejemplo de los escollos que la opción por el Apruebo encontrará en el camino hacia la cita de diciembre. Tampoco la derecha tradicional está dispuesta a hacer campaña a favor si ello supone dar poder al gran referente del Partido Republicano, el excandidato presidencial José Antonio Kast, derrotado por el actual presidente, Gabriel Boric. El Gobierno, mientras, tomará toda la distancia posible respecto a una Constitución que, hoy por hoy, no supera en su esencia a la vigente, escrita en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La Ley Fundamental heredada del Gobierno militar no representa al Chile actual. Las nuevas generaciones, sobre todo las nacidas después del regreso a la democracia en 1990, reclaman que el éxito económico se traduzca en mejoras sociales, que la educación no sea un privilegio o que recursos tan fundamentales como el agua salgan de la esfera privada. El texto actualmente está en discusión no da respuesta a esos reclamos. La derecha y la ultraderecha tienen la oportunidad de demostrar aún que están a la altura de las circunstancias. Un nuevo fracaso del proceso constitucional asestaría un duro golpe a la democracia chilena.
