La crisis interna de Vox en Baleares empieza a tomar tintes mafiosos. Uno de los concejales críticos con la dirección del partido ultra en las islas, que encabeza la exdiputada en el Congreso Patricia de las Heras, ha denunciado ante la Guardia Civil haber recibido amenazas de muerte. Según el atestado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el edil asegura que el pasado domingo por la noche “recibió una llamada en su teléfono de un número oculto en la que le decían que si seguían saliendo más noticias de temas internos de Vox ocurren accidentes [sic] también le preguntaron qué tal estaba su hija, cortando la llamada al finalizar sus amenazas”. El concejal tuvo que ser atendido en un centro de salud por un ataque de ansiedad.
En los últimos días la prensa balear ha reflejado el malestar de un grupo de concejales de Vox con el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de su partido, al que acusan de haberlos “dejado abandonados”, de actuar “de forma dictatorial”, de “ningunearlos” o de “practicar el nepotismo”. Los ediles díscolos se quejan de no haber recibido ningún apoyo del aparato en las pasadas elecciones municipales, hasta el punto de que tuvieron que imprimirse ellos mismos su publicidad y nunca recibieron las papeletas de voto o de que la dirección provincial no se puso en contacto con un candidato que sufrió una agresión. Cuando empezaron a expresar su descontento en los chats internos, los silenciaron para impedirlo. “Una vez que han ocupado sus cargos, y algunos acaparan varios a la vez, se han desentendido de los demás”, se lamentan.
Hace varias semanas que los ediles trasladaron su malestar a la dirección de Vox en Madrid, a la que pidieron que cambiara a la actual dirección balear de la formación porque “no hace su trabajo”, pero desde la sede nacional en la calle Bambú de la capital se les pidió que esperasen a que pasaran las elecciones generales primero y el debate de investidura después, según aseguran. La sorpresa vino cuando la semana pasada se enteraron, “a través de la prensa”, de que el general retirado Fulgencio Coll había sido nombrado vicepresidente provincial. “El problema no es Coll, sino el desprecio que demuestran hacia la gente que se deja la piel trabajando cada día por el partido”, explican fuentes de los concejales críticos.
Otra muestra de ese desprecio, agregan, fue el nombramiento de dos exconsejeras de Ciudadanos, Beatriz Camiña y Margalida Roig, “que en el pasado habían atacado públicamente a Vox”, como directoras del Consell de Mallorca por el cupo que corresponde al partido ultra, relegando a sus propios afiliados. El PP gobierna Baleares con el apoyo de Vox que, además de la Presidencia del Parlamento autónomo, ha entrado en los consejos insulares, aunque no en el Gobierno regional. El expresidente de la federación balear de caza y hombre fuerte de Vox en Mallorca, Pedro Bestard, se ha convertido en vicepresidente del Consell insular y responsable de Medio Ambiente, pese a negar públicamente el cambio climático.
Vox abolió hace años la elección democrática de sus comités provinciales por lo que ahora son designados a dedo desde Madrid y los afiliados no tienen más forma de cambiarlos que intentar que desde la dirección nacional se atienda a sus quejas, lo que no ha sido el caso.
Ante la situación de bloqueo, una quincena de los 44 concejales que Vox obtuvo en la Baleares en las elecciones del pasado 28 de mayo ha amenazado con darse de baja en el partido y pasarse al grupo de no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. Para intentar apaciguar las aguas, la dirección provincial ha convocado para este martes la primera reunión de coordinadores locales desde antes del verano. Los ediles críticos son, sin embargo, muy pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un arreglo ante el deterioro del clima interno, como demuestra la denuncia por amenazas de muerte tras la que sospechan la mano de algún miembro del aparato.
