(CNN) — Varios grupos que defienden los derechos de los migrantes condenaron este lunes el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y México, por el que este último país se compromete a “despresurizar” sus ciudades fronterizas deportando a sus países de origen a las personas que buscan cruzar la frontera.
“El anuncio del acuerdo no es nada nuevo en las relaciones entre Estados Unidos y México, es simplemente una instancia en la que los gobiernos finalmente dicen la parte silenciosa en voz alta. Durante años, el gobierno de Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en obligar a México a hacer su trabajo sucio para evitar que los solicitantes de asilo, que huyen para salvar sus vidas, pisen suelo estadounidense, incluidas las familias mexicanas que escapan de la persecución de la que el gobierno mexicano se niega a protegerlas”, dijo Nicole Elizabeth Ramos, directora del proyecto de derechos fronterizos de Al Otro Lado.
Algunos de los grupos piden que el gobierno de EE.UU. restablezca el derecho a solicitar asilo en los puertos de entrada, aumente la capacidad para examinar a los solicitantes de asilo y financie adecuadamente a los gobiernos locales y a las organizaciones comunitarias para que sigan prestando servicios a los solicitantes de asilo.
“La gente huye por necesidad, no por elección”, afirmó Melina Roche, directora de la campaña #WelcomeWithDignity. “Las políticas que impiden o disuaden a las personas de buscar seguridad, libertad y una vida mejor no funcionarán”.
“La externalización por parte del gobierno de EE.UU. de sus responsabilidades de protección a México va directamente en contra de los compromisos asumidos en la Declaración de Los Ángeles de la Cumbre de las Américas para proporcionar enfoques humanitarios a la inmigración”, dijo Vicki Gass, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo de América Latina. “El Gobierno de Estados Unidos debe restablecer el derecho legal de asilo y abordar las causas fundamentales que obligan a las personas a huir, como la pobreza, el cambio climático, el desarrollo económico exclusivo y la corrupción y la impunidad. Las políticas de disuasión no funcionan ni funcionarán”.
“Todos los esfuerzos deben priorizar el aumento de la capacidad de tramitación y humanitaria a ambos lados de la frontera, no la deportación de personas de vuelta al mismo peligro del que huyeron”, afirmó Kimiko Hirota, asesora política del programa Derechos de los Migrantes y Justicia de la Comisión de Mujeres Refugiadas.
